Es intolerable la idea de Estado de Derecho con tres meses de impartición de justicia suspendida. Uno de los hechos ocurridos consecuencia de la pandemia provocada por el coronavirus denominado CoV-Sars 2 ha sido la parálisis jurisdiccional, la cual ha evidenciado la gravedad de una de las principales enfermedades de la impartición de justicia, la cual no concuerda con el mandato constitucional: justicia pronta y expedita.
A pesar de que la impartición de justicia debe considerarse una actividad esencial para la sociedad actual, y pretendiendo dejar de lado la búsqueda de responsables para quemar en la hoguera del escrutinio público en la que se ha convertido las redes sociales, es importante el precisar elementos que nos permitan transitar lo más pronto posible y recuperar el tiempo perdido en el uso de las tecnologías para la impartición de justicia a los ciudadanos, uno de las deudas pendientes del estado fallido de derecho en el que nos encontramos.
Dentro de las aristas que se pueden enumerar para mejorar el sistema se mencionan los siguientes: poder judicial, legisladores, gremio jurídico.
El sistema judicial carece de presupuesto suficiente para la aplicación de justicia a distancia, inequidad frente a los demás poderes, falta de actualización en medios electrónicos y difusión suficiente frente a la responsabilidad que exige la impartición de justicia. El consejo de la judicatura deberá impartir capacitación eficaz, y funcional para los operadores del sistema en las diversas materias de tecnologías de la información, aunado a la ya intensa carga de tareas administrativas.
Los legisladores, en el ámbito de sus facultades, deberán ser sensibles y tener una visión de Estado. Encomienda difícil ante representantes populares que se preocupan más por cuanto van a durar que por lo verdaderamente importante. La exigencia ante la problemática es el dotar de presupuesto y organización administrativa que permita a los órganos jurisdiccionales una actualización de fondo, empezando claro por lo normativo, no dejando de lado que la práctica judicial exige involucrarse más allá de la creación normativa, aunado a vincularse con los sectores de profesionales del derecho, sobre todo el consensar las necesidades de la comunidad jurídica, lo cual implica un análisis profundo de la denominada “Ley General de Justicia Electrónica y a distancia para el Estado de Baja California”, iniciativa de ley presentada durante la primer semana del mes de junio.
En lo que respecta al gremio jurídico, la abogacía -al igual que otras tantas profesiones- se encuentra ante un enorme reto, dejar de lado viejo hábitos, mejorar en la cercanía y comunicación con el cliente, actualización constante ante la hemorragia normativa en materias administrativas, constitucionales, para otorgar asesoría legal en protección del patrimonio, vida y salud del ciudadano, sensibilidad con el operador jurisdiccional, la utilización de tecnologías de la información y sobre todo el compromiso con la sociedad y el sistema judicial.
Es innegable que nos encontramos ante una problemática que exige soluciones múltiples de diversos entes, por lo cual, debe existir cooperación constante entre los involucrados en beneficio del estado de derecho.
